Familias de la Nueva Esperanza denuncias a instituciones públicas que responde a intereses de Finca Cerro Redondo

Denuncia de Comunidad Nueva Esperanza
Denuncia de Comunidad Nueva Esperanza
Captura de Pantalla: Izquierda a Derecha: Abner Pérez del CCDA, Mauricio Rivas de la comunidad Nueva Esperanza, Leocadio Juracán del CCDA y José Chic, asesor del diputado Aldo Dávila.

Sesenta seis familias de la comunidad Nueva Esperanza del municipio de Barberena, Santa Rosa, denuncian hostigamiento, criminalización y persecución por pate de diferentes instituciones públicas; y también en Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Registro de Información Catastral (RIC) se niegan a atenderlas.

Por un lado, el MP ha acusado a nueve integrantes de la comunidad por usurpación agravada a solicitud de los propietarios de la finca Cerro Redondo que aduce que las tierras que compraron las familias es propiedad de ellos. Sin embargo, las investigaciones de las familias han hallado que una finca identificada con el número 219 solo existe en el registro, pero en realidad no existe.

“Vivimos criminalizados y amenazados por ellos mismo, ahora perseguido por la institución que se encarga de la justicia haciéndole caso a ellos. Porque las informaciones que ha hecho el Ministerio Público es a favor de ellos. Jamás ha hecho un trabajo son objetividad y equitativo, deseamos y pedimos que sea así”, dijo Mauricio Rivas, representante de la comunidad.

Otra de las instituciones que no ha querido atender la petición de las familias de la Nueva Esperanza es el RIC. “Nos han dicho que por ser una zona catastral no se puede, aunque yo sé que si se puede” informó Rivas.

Para Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) la situación que plantea el RIC tiene solución. “Si las familias están ubicadas en una zona que no se puede catastrar, se busque asignar recursos y se puede pedir un catastro focalizado” informó.

Lugar de resistencia de la comunidad Nueva Esperanza
Foto: CCDA. Champas de las familias que están viviendo a la orilla de la carretera comunitaria.

Las familias han sido desalojadas en tres ocasiones y la última fue en el 2018, desde ese año resisten en defender su tierra y se quedaron viviendo en la orilla de la carretera no asfaltada que atraviesa la comunidad con champas y sin energía eléctrica. También las familias denucnias la actuación en este caso de la PNG pide un desalojo contra las familias porque indica están obstaculizando el paso vehicular.  “Eso es mentira. Nosotros tenemos fotografías donde y cuando pasa la maquinaria pesada, también pasaron los tractores a arreglar la vía pública” dijo Mauricio Rivas.

Las familias de la comunidad, ha sido acusadas por los propietarios de Cerro Redondo, que son una estructura criminal que cuenta con una red de abogados y maquinarias, pero las familias afirman que los señalamientos de la finca son para criminalizarlos.

El próximo 3 de febrero, el diputado Aldo Dávila realizará una citación con las instituciones involucradas para este caso en el que el diputado hará saber el planteamiento de las familias de Nueva Esperanza acorde a su labor legislativa.

 

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