Han transcurrido 4 años que el Estado de Guatemala sigue Violentando los Derechos Humanos de las familias de Laguna Larga.

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Foto: Captura de Pantalla video

El 2 de junio de 2017, agentes de la Policía Nacional Civil, miembros del Ejército de Guatemala y personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas realizaron un operativo para expulsar a las personas que habitaban, el área protegida Laguna Larga, ubicada en el Parque Nacional Laguna del Tigre.

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Foto: Redes Sociales

Al llegar al área, las autoridades no encontraron a los pobladores, debido a que se desplazaron a la frontera con México para evitar un enfrentamiento. Para concluir con la acción, destruyeron las siembras y las viviendas de la comunidad.

Este día se ha realizado una conferencia de prensa en el salón de pasos pérdidas dentro del Congreso de la República de Guatemala donde participaron representantes del Comité Campesino del Altiplano CCDA, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos BDH y el Diputado Aldo Dávila para exponer la preocupante situación que están viviendo las familias instaladas en la frontera entre Guatemala y México que violenta los derechos humanos de las familias, por la falta de atención del ejecutivo encabezado por Alejandro Giammattei en reubicarlos en Laguna larga de manera definitiva.

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Foto: Captura de Pantalla

“Después  de 4 años de que 111 familias han sido desplazadas   por el propio estado guatemalteco y a pesar de que se cuenta con una resolución de la CIDH de medidas cautelares, se sigue violentando los derechos humanos de las familias, por lo que  ante la negligencia,  la falta de capacidad que ha demostrado la institucionalidad para resolver esta situación, EXIGIMOS la renuncia y la destitución del director de COPADEH porque no ha tenido ni siquiera la sensibilidad humana para poder atender la demanda que para nosotros es lo más lógico buscar un retorno de manera provisional, mientras se le busca una solución definitiva al caso de la comunidad”, mencionó Leocadio Juracán del CCDA.

El diputado Aldo Dávila dijo que el presidente Alejandro Giammattei tiene la responsabilidad de que estas personas regresen al territorio donde fueron expulsados de manera extrajudicial.

El Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que asesora a la comunidad, señaló que hay un incumplimiento de parte del Estado guatemalteco para cumplir las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

De acuerdo con el Bufete, la situación de los pobladores ha sido reconocida por la CIDH como una crisis humanitaria, en la que se les ha violentado los derechos de salud, al agua, educación y vivienda, ya que fueron desalojados en junio de 2017, sin respetar el debido proceso.

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Foto: Redes Sociales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 29 de septiembre de 2017, otorgó una media cautelar a los miembros de la Comunidad Laguna Larga del Municipio de San Andrés, Petén por considerar que habrían sido forzados a desplazarse y vivir en “champas” en una zona rural fronteriza con México.

Según datos recibidos por la comisión, 450 personas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, sin agua potable, energía y servicios básicos. Por lo que solicitan al Estado de Guatemala adoptar medidas de carácter inmediato que garanticen el alojamiento en condiciones de seguridad y salubridad.

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Foto: PDH

Además, piden que se les protejan los derechos a la vida e integridad frente a posibles actos de violencia por parte de terceros o de agentes del Estado. Así como continuar con los diálogos para alcanzar una solución duradera para las poblaciones desalojados y realizar un informe sobre las acciones adoptadas.

También hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en la que se ordena al presidente Giammattei y a los ministros de Estado, el cumplimiento de las medidas cautelares y una serie de condiciones que el Estado no ha cumplido.

Los pobladores se instalaron en laguna larga en 1984, cinco años antes que entrará en vigencia la Ley de áreas protegidas en 1989 en Guatemala.

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