Comunidades de Santa Elena Sanmanzana ll y Granada l piden repuesta al gobierno en vista pública en la CC

Vista Pública sobre conflictividad agraria Alta Verapaz
Vista Pública sobre conflictividad agraria Alta Verapaz
Foto: CCDA. En el escenario principal al lado izquierdo, delegado de la CC. Del lado derecho, con saco y corbata, Leocadio Juracán, en medio abogada Jovita Tzul y de camina blanca, Lorenzo Pop.

Pobladores de la comunidad indígena de Santa Elena Sanmanzana II y caserío Granada I del departamento de Alta Verapaz expusieron en la Vista Pública en la Corte de Constitucionalidad (CC), el abandono de compromisos asumidos por la Presidencia de la República los que ha expuesto a  situaciones de violencia y criminalización por parte de terratenientes debido a la conflictividad agraria en la región.

La vista pública que se realizó es por un amparo promovido el 25 de noviembre de 2019 por Lorenzo Pop representante de Santa Elena Sanmanzna ll y Granada l junto a otras 140 comunidades contra el Presidente de la República por omisión de resolver y notificar la petición de los compromisos asumidos por el gobierno en los años 2015 y 2017 con las comunidades organizadas y acompañados por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA). También las comunidades demandaron en la Vista Pública que el Presidente debe establecer un cronograma de seguimiento de los compromisos con rubros presupuestarios e instituciones responsables de darles cumplimiento.

“Venimos a exigir que se nos respete nuestros derechos como pueblos indígenas guatemaltecos porque la verdad estamos en un alto riesgo por asesinatos de nuestros compañeros líderes comunitarios, por varias amenazas, percusión penal en contra de los líderes indígenas campesinos, por haber defender nuestro territorio” dijo Lorenzo Pop representante de las comunidades que promovieron el amparo. “Históricamente los empresarios dicen que nosotros somos usurpadores, esa palabra es falso nosotros totalmente somos legítimos dueños de la tierra” denunció Lorenzo Pop.

Leocadio Juracán miembro del CCDA dijo que las comunidades a pesar de tener dificultades de atención por parte del Estado siguen creyendo en las instituciones del Estado. “A pesar de eso los compañeros en las comunidades siguen criminalizados y judicializados, mientras a la contraparte siempre ha sido escuchado por el Estado guatemalteco no así la población originaria y la población campesino” afirmó. “Estamos sumamente preocupados porque  en el 2020 a pesar que vivimos en un contexto de pandemia hay varios compañeros baleados con armas de fuego, varios compañeros lideres judicializados, más 964 casos judicializados solo en el departamento de Alta Verapaz de líderes campesino por exigir respeto a sus territorios” denunció Juracán.

“En el caso concreto de las comunidades aquí representados, qué confianza se puede tener en las instituciones si después de casi cuatro años no hay respuesta a las soluciones que se han solicitadas, no se responden las peticiones que formalmente se plantean, no se notifican esa respuestas correspondientes, no puede el ejecutivo asumir que el haber dado directrices internas a otras instituciones para cumplir la petición llena el requisito de que no existe un silencio administrativo” argumentó Jovita Tzul, abogada de las comunidades.

Representante del CCDA
Foto: CCDA. De saco y corbata, abogado Kelvin Jiménez. LAdo derecho Herlindo Hernández Pu.

El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) participa en este proceso como terceros interesados por medio de Herlindo Hernández Pu, presidente de junta directiva informó «hemos dado acompañamiento a  las comunidad y a los hermanos, nos hemos dado cuenta que lleva no un par de meses esto ya transcurrieron años uno pregunta que está pasando acá, como pueblos campesinos indígenas pagamos nuestros impuestos y las peticiones que se plantean son necesidades básicas por lo que pedimos a la Corte de Constitucionalidad que ordene al  gobierno para que responda inmediatamente a la petición de los pueblos indígenas y campesinos».

“No puede el Ejecutivo en este caso, alegar que ya ha resulto la petición. En segundo lugar, ya han pasado más de un año que se presentó la petición cuando tiene apenas 30 días de acuerdo a los que establece el artículo 28 constitucional, por lo que debe resolverse la petición presentada por las comunidades en un plazo razonable no mayor de 15 días” indicó el abogado Kelvin Jiménez.

Por parte de la representante del Ministerio Público Gilda Toledo Barrios quien dijo ante la CC que otorgue el amparo tomando en cuenta el contexto de la pandemia para su cumplimiento.

La Ruta

  • En 2012 hicieron una caminata de Cobán hasta la ciudad capital donde se presentó un memorial al Presidente de la República de Guatemala donde se exigió que se solucione el conflicto agrario que aún no se resuelve.
  • En agosto 2015 nuevamente comenzó una caminata de Cobán hasta la ciudad capital en donde se presentó una demanda en contra el presidente por silencio administrativo y ahí se firmó un convenio a favor de la comunidad de Sanmanzana ll y las demás comunidades. Pero desde hace tiempo es cumplido.
  • En el 30 de noviembre 2017 se instaló una comunidad Q´eqchi frente a la casa presidencia por tres semanas donde exigimos la resolución de la conflictividad agraria. Y esta vez se firmó una adenda al Convenio firmado en 2015.
  • El 25 de noviembre de 2019 presentó otra demanda contra el presidente y la institucionalidad del Estado ante la falta de respuesta.

Las comunidades afectadas pudieron presenciar la Vista Pública en Cobán, Alta Verapaz donde se movilizó una delegación de la CC, mientras las y los magistrados, se conectaron por plataforma virtual.

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