Comisiones de Auditoría Social piden inversión municipal con enfoque de género y a otros sectores vulnerados

El viernes 19 de febrero, en la cabecera departamental de Sololá se presentó el informe de monitoreo de las Comisiones de Auditoría Social, un espacio de sociedad civil de los municipios de San Antonio Palopó, Santa Catarina Ixhuacán y San Lucas Tolimán en coordinación con el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y la Coordinador de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) en el departamento de Sololá.

Entre los hallazgos de las Comisiones de Auditoría Social plantearon que en el municipio de San Antonio Palopá tuvo un presupuesto de Q24.84 millones en el que ejecutó Q17.58 millones lo que representa el 71 por ciento.

Uno de los hallazgos fue la poca asignación de recursos a programas tan importantes como los de la prevención de la desnutrición crónica, Prevención a la mortalidad, apoyo a la salud preventiva y atención por desastre naturales y calamidades públicas, los que deberían ir orientados a apoyar y fortalecer los conocimientos de la población en la prevención de cualquier enfermedad y con ello enfrentar la desnutrición crónica. A pesar de eso, la municipalidad estableció un presupuesto al programa de partidas no asignables a otros programas que se desconoce qué acciones fueron cubiertas con esta partida.

En el caso de la municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, tuvo un presupuesto de Q37.83 millones en el que se ejecutó un Q33.90 millones, un 89 por ciento.

De los programas dirigidos a las mujeres, no existe un rubro específico, en el programa Prevención de la Desnutrición Crónica, se encuentra el proyecto Mujeres en el Área Rural con Buenas Prácticas, que comprende servicios médico jurídicos, sanitarios y capacitación por mencionar algunos, pero que tuvo 0 por ciento de ejecución.

Para la atención de la crisis del COVID 19, el programa de Atención a Desastres Naturales y Calamidades Públicas recibió un presupuesto de Q.0.67 millones y una ejecución del 100 por ciento el cual se invirtió en divulgación de información, fletes, en productos sanitarios, de limpieza y de uso personal, útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud, otros estudios y/o servicios, alimentos para personas.

En la municipalidad de San Lucas Tolimán tuvo un presupuesto de Q25.14 millones en el que se ejecutó un Q18.57 millones, un 73.85 por ciento. Destinó un rubro presupuestario de Q0.36 millones al programa Prevención de la Desnutrición Crónica que incluye a la Dirección Municipal de la mujer, en el que se ejecutó un 67.48%.  Mientras que en la producción de alimentos de autoconsumo el vigente es de Q.0.19 millones luego del recorte de Q0.40 millones, al finalizar el año, la ejecución fue de cero.

La ejecución del programa Acceso al Agua Potable y Saneamiento, con un presupuesto vigente de Q9.41 millones, y una ejecución de Q7.91 millones (84.09% ejecución) una de las mejores ejecuciones en toda la estructura programática.

“Pero lamentablemente, varios sectores del casco urbano no cuentan con agua potable apta para el consumo humano, es un riesgo que afecta la salud de las familias. Por la mala situación económica, (pobreza, desempleo) no todos tienen recurso para seguir comprando agua embotellada, que optan por seguir consumiendo agua del lago” indicó la Comisión de Auditoría Social en este municipio.

Las Comisiones de Auditoría Social ven con preocupación las formas de cómo se distribuyó el presupuesto de 2020 lo es importante cambiar de rumbo para el 2021. “Tomar en serio los presupuestos con enfoque de género y que exista una deliberación consciente de las decisiones para que gobierne para los sectores vulnerables”.

Llamaron a organizaciones de la sociedad civil a monitorear de cerca le ejecución presupuestaria de manera que el gasto social sea trasparente, equitativo y que garantice un avance en el desarrollo social integral y no únicamente en temas de obras grises. Hacer valer de la legislación vigente en materia de auditoria social, para que a través de las oficinas de información pública se nos muestre las inversiones municipales. Y Fortalecer estos procesos, ya que es un derecho constitucional la participación ciudadana y garantizar de mejor manera la inversión pública a través de la municipalidades e instancias gubernamentales.

 

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