El primer año de gobierno de Alejandro Giammattei la población abandonada a su suerte

Foto: CCDA. De Izquierda a derecha, Abner Pérez, Marcelo Sabuc y Leocadio Juracán.

En la Radio La Voz Campesino, la Conducción Política del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) integrada por Marcelo Sabuc, Leocadio Juracán y Abner Pérez, realizó un análisis sobre del primer año de gobierno de Alejandro Giammattei, tomando como base el informe de la plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio (ENI-Guatemala) por varias organizaciones campesinas entre ellas el CCDA.

  • ABANDONO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL COVID19 Y LOS DESASTRES NATURALES

A pesar de los Q 2 mil 200 millones destinados para atender la emergencia del Covid-1, entre los meses de marzo a octubre la ejecución fue bastante irregular. De los USD390 del Bono destinados por la familia, tan solo fueron entregados USD292. Además, se registraron numerosas anomalías que indican que solo una parte de los fondos llegó a las familias que realmente lo necesitaban. Frente a las tormentas Eta e Iota –que dejaron 59 fallecidos, 99 desapariciones, 211,000 personas desplazadas, un millón me dio de damnificados y pérdidas millonarias en la agricultura, viviendas e infraestructura- el gobierno fue incompetente para la ayuda y negligente para prevenir la tragedia.

  • DEPLORABLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Con la emergencia sanitaria y los desastres naturales, el presupuesto nacional fue ampliado hasta alcanzar los 107 mil 760 millones. Sin embargo, fue ejecutado solo 89.66% Q11 mil 145 millones no fueron utilizados. Ministerios centrales como Educación, Salud y Agricultura usaron respectivamente, 94.06%, 86.51% y 70.72% de su presupuesto. Durante la primera mitad del año el Congreso incrementó el presupuesto en Q826 millones, y fueron aprobados préstamos internacionales por un monto de USD 6,383.2 millones.

  • ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REPRESIÓN

Se reportaron más de 120 agresiones a periodistas y a medios de comunicación y violencia represiva a la población en ejercicio legítimo del derecho a la manifestación.

  • CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS

En Guatemala la labor de las y los defensores de Derechos Humanos aun no es reconocida por el Estado. En 2020 se registraron alrededor de 900 agresiones a personas defensoras –casi el doble que en 2019-, de los cuales 16 fueron asesinatos. Los departamentos más peligrosos para defender DD.HH. son Guatemala, Alta Verapaz y Baja Verapaz, seguidos de Izabal y Petén. Además, se eliminaron instituciones mediadoras que velen por los DD.HH. como lo era COPREDEH.

  • VIOLACIÓN AL DERECHO A LA TIERRA Y A LA ALIMENTACIÓN

Con la eliminación de la SAA, SEPAZ, COPREDEH y la SEPREM el presidente Giammattei cerró las vías del diálogo para la búsqueda de soluciones a la problemática agraria y territorial del país. Los casos de desalojo extrajudicial a las familias en defensa legítima de sus tierras han sido constantes durante todo el 2020.

Por su parte, el MAGA no logró ejecutar Q464.6 millones de su presupuesto, y demostró nulo interés en invertir en proyectos productivos para apoyar a las familias campesinas, por el contrario, se dedicó a la entrega de alimentos. Recortó Q134.58 millones al programa de Apoyo a la Agricultura Familiar y eliminó el PAFFE, lo cual afecta a millones de familias rurales.

  • CONFLICTIVIDAD AGRARIA DESATENDIDA

A los diez meses del primer año de gobierno de Giammattei se desataron en la ciudad y cabeceras departamentales masivas movilizaciones en rechazo al imperio de la corrupción y la impunidad. En el campo, las poblaciones en resistencia y defensa del derecho a la tierra y el territorio continúan luchando sin descanso para defenderse de la violencia del Estado, de finqueros y empresarios extractivitas. En diciembre de 2019 y diciembre de 2020 sucedieron al menos 12 desalojos extrajudiciales a comunidades que luchan por el reconocimiento de sus tierras ubicadas en Sayaxché, Petén; Cobán, Alta Verapaz; Purulhá, Baja Verapaz; y El Estor, Izabal. Hechos ocurridos en medio de la cuarentena y bajo estados de sitio. Además, incrementaron las amenazas de desalojo a decenas de comunidades cuyos derechos aun no son reconocidos.

  • INCREMENTO DE LA POBREZA Y CRISIS MIGRATORIA

Cerca de 6 millones 876 mil 778 personas que habitan en el área rural, el 60 por ciento dependen de actividades agropecuarias para subsistir, de las cuales el 70% viven en condiciones de pobreza. Según la CEPAL (2020) al no haberse emprendido medidas adecuadas por parte del Estado para apalear la crisis económica del Covid19 en las familias más vulnerables la pobreza alcanzará al 60% de la población nacional y la pobreza extrema aumentará al 21.8%. La ausencia de remesas, la falta de políticas sociales y precarización de los servicios públicos ha provocado una crisis migratoria, empujando a miles de connacionales a dejar el país en forma irregular con el fin de alcanzar condiciones de vida digna. Esta crisis no solo estuvo presente en el 2020, sino que, además, ha incrementado ya que el gobierno solo tomó acciones para criminalizar a los migrantes y violar los Derechos Humanos.

  • NUEVOS CASOS DE DESNUTRICIÓN

Los casos de desnutrición aguda aumentaron un 80% respecto al 2019, y la desnutrición crónica alcanzó una prevalencia del 46%. A pesar que existe Q1 millardo designado para estos temas, no hay voluntad política para ejecutar los recursos y la ayuda no llega con la urgencia y de la forma que lo necesitan las comunidades más afectadas.

  • CONGELAMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO

El congelamiento del salario mínimo de este año bajo la excusa de la reactivación económica ante la pandemia de Covid19 a favor del sector empresarial deja en situaciones de vulnerabilidad a la población guatemalteca ante el aumento del costo de la canasta básica y servicios como transporte, energía eléctrica, telefonía, agua potable y otros.

  • CRISIS POLÍTICA GENERADA POR EL DESGOBIERNO

Desde el primer día de gobierno de Alejandro Giammattei demostró su incapacidad de atender las demandas de la población generando así condiciones de polarización entre “buenos y malos” que le sirve como distracción a la población ante las malas decisiones que asume desde el gobierno.

  • CORRUPCIÓN

Los nombramientos de personas que figuraron en los gobiernos anteriores señalados de corrupción para este gobierno demuestra un pacto entre quienes empujar a Alejandro Giammattei al gobierno para garantizarse impunidad y continuar con sus acciones corruptas.

  • EL CENTRO DE GOBIERNO

La Comisión Presidencial Centro de Gobierno fue un foco de disputa de cuotas de poder dentro del Ejecutivo entre Miguel Martínez y el Vicepresidente Guillermo Castillo. Su cierre en diciembre genera una serie de cuestionamientos sobre la estabilidad del gobierno y el cumplimiento de las funciones de cada autoridad en el Gobierno y otros funcionarios.

 

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