Comunidad Indígena de Pomarrosal pide derecho de propiedad de tierra ancestral

Foto: CCDA.

El miércoles 9 de diciembre se realizó una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) por una apelación parcial presentada por la comunidad indígena Pomarrosal Zona Reyna, Uspantán, Quiché ante la resolución de la Sala Cuarta de Corte de Apelaciones de Ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango emitido en el año 2019.

La resolución de la Sala Cuarta anula dos de tres inscripciones de la finca número 3954 folio 26 del libro 23 de Quiché inscrita en el Segundo Registro de la Propiedad en Quetzaltenango que representan vicios. Para las comunidades, la resolución queda incompleta al no anularse la primera inscripción a nombre de Primitivo Cojulun de origen mexicano realizado el 24 de agosto del año 1900 que da origen al actual problema agrario;  la segunda y tercera inscripción se realizaron en los años 1980 y 2012 a nombre de Rómulo Cojulun Hernández y Keny Cojulun Fernández.

La Sala admitió la inexistencia de la escritura pública número 14 emitido por el abogado Mario Luján Muñoz y las escrituras número 97 y 303 emitidas por el abogado René Danilo Mejía fueron autorizadas cuando el otorgante había fallecido.

En la vista pública que fue evacuada únicamente por representantes de las familias con acompañamiento del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Ángel Cac Coc del Consejo Ancestral de Pomarrosal denunció que han sido víctimas de violencia tanto de generar miedo por los constantes disparos de armas de fuego y el impedimento de movilidad por parte de trabajadores de la familia Cojulun, “no nos dejar entrar a los ríos, en las montañas, en nuestras siembras. Nos andan persiguiendo y amenazando”.

El abogado Juan Geremías Castro Simón dijo que la Sala Cuarta resolvió que la anulación de la inscripción de Primitivo Cojulun debe realizarse por la vía civil, pero este mandato no puede ejecutarse porque no está desarrollado el artículo 67 de la Constitución que se refiere a la “Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas”. “A criterio de esta misma Corte de Constitucionalidad eso no está desarrollado (artículo 67 constitucional), no se puede aplicar el juicio civil o el juicio ordinario por eso es que acudimos a la vía del amparo como forma extraordinaria y subsidiaria porque no tenemos una ley especial que desarrolle los derechos de pueblos indígenas” argumentó del abogado.

En la comunidad indígenas Pomarrosal del municipio de Uspantán viven 350 personas de 85 familias del pueblo maya Q´eqchi´.

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