Resoluciones del segundo Congreso Nacional Agrario

Foto: CCDA. Lectura de la resolución del Congreso Nacional Agrario.

El 20 de octubre se realizó en la comunidad Lancetillo La Parroquia Zona Reyna, Uspantán, El Quiché, el segundo Congreso Nacional Agrario  impulsado por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) de manera presencial y por la plataforma Zoom se conectaron de manera virtual otros departamentos a nivel nacional. Presentamos a continuación las resoluciones de este segundo Congreso:

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Nosotros Mujeres, Hombres, Juventudes indígenas y campesinos, hijas e hijos de esta tierra que hace 500 años fueron regadas con sudor, sangre y mucho trabajo de tantas generaciones de mujeres y hombres de diferentes pueblos. A pesar de tantas luchas de resistencia de los pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo, nuestro país continúa siendo un territorio para extracción de riquezas que alimentan los lucros de grandes grupos capitalistas. Guatemala está lejos de ser una nación libre y soberana. En este 20 de octubre, durante la realización de este II Congreso Nacional Agrario, inspiradas e inspirados por la historia de quienes han muerto en la lucha por la vida, nos manifestamos contra todas las formas de violencia y explotación que sufrimos en Guatemala, reafirmamos el compromiso con la lucha por una sociedad sin desigualdades de clase, género y etnia;

Para los sectores empresariales, la tierra, las aguas, las semillas, el aire, son recursos que tienen que ser explorados conforme a sus intereses económicos. Para nosotras y nosotros, campesinas y campesinos, estos elementos de la naturaleza son la base de la vida, son riquezas que no tienen precio y no pueden ser mercantilizadas en nombre del desarrollo, del progreso y de la modernidad. El capitalismo avanza sobre el mundo sin respetar los límites, leyes, colocando en riesgo la vida de todos los seres vivos, inclusive de la humanidad.

Las empresas capitalistas, en contubernio con los gobiernos, transformaron la agricultura en un negocio, en el agro negocio, y se apoderaron de nuestras riquezas naturales, de nuestras tierras, de nuestro territorio utilizándolos como mercaderías descartables y convirtió nuestra población en “mano de obra barata” para ser explotada.

Desde los pre congresos agrarios hemos unificado nuestros pensamientos y luchas desde los territorios Achi, Akateko, Chorti’, Itza, Ixil, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Poqomam, Poqomchi, Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, Uspanteko, Xinka Garífuna y comunidades campesinas mestizas para que nuestras voces y nuestras resistencias erradiquen las desigualdades y el despojo.

Foto: CCDA. Mujer campesina participante del Congreso Nacional Agrario.

Por lo tanto, de manera coherente con nuestras resistencias y reivindicaciones seguiremos luchando para lograr la  Reforma Agraria, Desarrollo Rural y el Utz K´aslemal (Buen Vivir) por ello:

Resolvemos:

  1. Nuestra solidaridad con las luchas por la tierra, el territorio y los pueblos que lucha y resisten en el Abya Yala reconocemos, respaldamos la lucha de la Minga Indígena en Colombia que exigen que se respeten los Acuerdos de Paz y la democracia; reconocemos la lucha de los Pueblos en Bolivia para continuar con el proceso de cambio, la lucha de los pueblos en el Ecuador en contra de las políticas de ajuste estructural, la resistencia de los Pueblos en México en contra de los megaproyectos. Por ello como Pueblos debemos unificar nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestras luchas y resistencias para hacerle frente a un modelo económico extractivista y saqueador. 
  2. La garantía de los derechos de las mujeres rurales es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Por ello es necesario el avance y contar con políticas públicas y legislación que permitan la aplicación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y uso de la tierra a favor de las mujeres, independientemente de su estado civil.
  3. El Gobierno de Alejandro Giammattei entregó los principales Ministerios de Gobierno a empresarios vinculados con la agroindustria, el comercio, la generación eléctrica, minería lo cual además de ser un claro conflicto de interés también demuestra como los recursos gastados en campaña electoral se traduce luego en el otorgamiento de puestos políticos para el saqueo, el sometimiento y el empobrecimiento de las comunidades indígenas y campesinas. Ante ello exigimos a la Corte de Constitucionalidad que declare la inconstitucionalidad de los Acuerdos Gubernativos 97-2020, 98-2020, 99-2020 y 100-2020 para evitar el retroceso en la institucionalidad de la Paz asimismo demandamos a la Comunidad Internacional un Pronunciamiento Público sobre esto dado que fueron sorprendidos en su buena fe. 
  4. Las Comunidades que nos encontramos en Áreas Protegidas seguimos siendo hostigadas, estigmatizadas, desalojadas a pesar que llegamos desde los años 50, 60 y 70 a estas tierras a causa de la pobreza, políticas de colonización del Estado y el Conflicto Armado Interno, la conflictividad existente en estas áreas es un problema social e histórico, siendo la población campesina e indígena las principales afectadas y amenazadas por una legislación de áreas protegidas impuesta.  Por ello es necesario que el Estado de Guatemala tome con seriedad las propuestas presentadas por las comunidades y el diálogo solicitado por las comunidades para buscar soluciones a la problemática existente esto para preservar la vida, el desarrollo y la protección del ambiente.
  5. En Guatemala el Estado a través del Registro de la Propiedad en contubernio con finqueros han realizado inscripciones anómalas a través de actos de corrupción. Por ello exigimos al Ministerio Publico que tome en cuenta estudios registrales, catastrales, antropológicos, históricos y se realicen los geo posicionamientos para establecer la propiedad de la tierra sobre todo porque hay evidencia que se han realizado desalojos ilegales e ilegítimos.
  6. El sistema de justicia en cualquier país del mundo es importante dado que esto contribuye con la justicia, la democracia y el respeto de los Derechos Humanos. Somos testigos de cómo el Pacto de Corruptos representado en las Bancadas aliadas al Oficialismo en el Congreso, las Cámaras Empresariales como cámara de Industria, cámara del Agro, el Presidente de la Republica buscan cooptar el sistema de justicia. Por ello exigimos al Congreso de la Republica que se entre a elegir a los Magistrados y Magistradas a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones bajo los criterios de la Corte Suprema de Justicia para contar con un sistema de justicia independiente, transparente e imparcial.
  7. En Guatemala, como en muchos países de Latinoamérica, la tierra sigue siendo eje de acumulación de riqueza y medio para el desarrollo de actividades económicas como la agroindustria y las actividades extractivas, entre otras. Por ello es necesario que el Congreso de la Republica apruebe de urgencia nacional las iniciativas de Ley relacionadas con la aprobación del Código Agrario, Tribunales Agrarios y Ministerio de Agrario esto para contar con una legislación especializada y con instituciones que coadyuven a resolver la creciente conflictividad agraria producto del despojo.
  8. Luego de la firma de los acuerdos de la paz las reformas al Código penal donde se crea los delitos de usurpación y usurpación agravada que conlleva los desalojos lo que ha sido utilizado para la criminalización, encarcelamiento y despojo de las tierras de las comunidades indígenas y campesinas. Por ello es necesario la derogatoria de los artículos de Usurpación en el Código penal y aprobar un Código Agrario y sus respectivos tribunales donde seguiremos demostrando quienes somos los verdaderos dueños de la tierra como lo hemos hecho históricamente.
  9. La elección de Alejandro Giammattei como Presidente marca el continuismo de los Gobiernos corruptos del Partido Patriota y del Frente de Convergencia Nacional quienes únicamente buscan servirle a los sectores empresariales que financian sus campañas y llevar a funcionarios que se enriquecen a través de la corrupción para ello crean instituciones como el Centro de Gobierno, Comisiones Presidenciales que únicamente favorecen a quienes estuvieron en campaña electoral en detrimento de la población, el actual Gobierno imitando lo hecho en el Gobierno del Patriota pretenden crear un supuesto Consejo de Desarrollo Rural que busca limitar, reducir y burocratizar. Pareciera que el Presidente Giammattei su único fin es el de seguir en contradicción con el Vicepresidente Guillermo Castillo dado que en días anteriores el Gabinete de Desarrollo Social aprobó una Mesa de Desarrollo Rural basada en la Política de Desarrollo Rural Integral a partir de diálogos con organizaciones campesinas. Por ello demandamos al Presidente Alejandro Giammattei que deje de continuar improvisando, que no siga obstaculizando el verdadero desarrollo que las comunidades indígenas y campesinas hemos propuesto como lo hicimos el 3 de marzo del 2020 donde hicimos llegar un paquete de propuesta encaminadas al verdadero y real desarrollo rural integral.
  10. Es necesario impulsar una redistribución equitativa de la tierra, fortalecer el Fondo de Tierras con mayores recursos para el acceso a la tierra, Reformar la Ley de Extinción de Dominio para que las tierras confiscadas al crimen organizado y a funcionarios corruptos sean trasladados como activos del fondo de tierras y lleguen a las comunidades indígenas y campesinas asimismo reformar la actual ley de vivienda para la certeza jurídica de la tierra para comunidades urbanas.
  11. El Estado ha respondido a quienes hacen reclamos y exigen derechos tratándolos como delincuentes y abusando de la fuerza del Estado en contra de ellos. Como lo que ha hecho con los compañeros Marcelino Xol y Jorge Coc. Por ello es urgente detener la política de criminalización que hace uso indebido del derecho penal con el fin de desarticular la organización comunitaria, desmovilizar al movimiento campesino para no responder a las demandas y reivindicaciones históricas que el Estado no ha querido resolver.
  12. La Constitución en su Artículo 70 ordena el discutir y aprobar una ley específica sobre Pueblos Indígenas esto con el fin de reconocer los derechos a la tierra y el territorio, pero sobre todo el respetar nuestras propias formas de organización y de toma de decisiones. Por ello con la participación de los pueblos que convivimos en el país discutiremos en base del consenso una iniciativa que reúna nuestros pensamientos, nuestras propias formas de organización, nuestros sistemas de justicia, nuestras prácticas de decisiones, nuestro sistema de administración de nuestras tierras y territorios.
  13. Teniendo presente los altos índices de pobreza, desnutrición crónica, carencia de servicios básicos y ausencia de inversión en el área rural y ante lo establecido en la Constitución de la República en sus artículos 1º y 2º, así como lo preceptuado en la carta magna en sus artículos 67, 68 y 119 incisos h) y j), con el fin de abordar en forma sustantiva y sostenida las enormes carencias e incumplimientos por parte del Estado en el área rural. Adquirir la producción campesina por parte de la administración del Estado, esto no solamente generara precios estables al productor, sino que garantiza precios estables y accesibles al consumidor.  Los organismos de Estado a su vez podrán surtirse de productos inocuos, para proveer alimentos a entidades del estado demandantes de productos alimenticios básicos, tal el caso de hospitales, escuelas públicas, cárceles, etc. Del total de la demanda de alimentos generada por las instituciones públicas, se deberá adquirir directamente a las comunidades campesinas o a través de sus organizaciones, un porcentaje fijo que se cubrirá por la oferta generada por la producción campesina.
  14. Vemos como el Modelo económico de acumulación basados en el agro negocio y el extractivismo continua con el expolio de las tierras y el territorio de los Pueblos esto con la permisividad de los Gobierno. Por exigimos que el Gobierno promueva una moratoria minera e hidroeléctrica, así como una veda forestal para mitigar los impactos medioambientales que afecta la biodiversidad y destruye los bienes naturales de los pueblos. De esta misma forma es necesario que el Gobierno se abstenga de promover cualquier reglamentación al derecho a la consulta sin la participación y el consentimiento de los Pueblos.
  15. El Congreso Nacional Agrario como plataforma política, organizativa y social desde los precongresos, asambleas comunitarias, movilizaciones, debates y presentación de propuestas. Nuestros dos congresos ya realizados demuestran la necesidad de abordar la problemática agraria en el país desde nuestras comunidades organizados y unificando nuestras luchas. Por ello ratificamos nuestro compromiso con consolidar el espacio organizativo político del Congreso Nacional Agrario darle vida a las resoluciones del primer y segundo Congreso de cara a proponer mecanismos de articulación y discusión que deben ser evaluados y consolidados en el Tercer Congreso Nacional Agrario.
  16. El Estado a través de sus instituciones ha utilizado la política de gobernar desde el miedo, privilegiando los intereses empresariales, nunca ha escuchado las voces de nuestros Pueblos, empobreciendo a las poblaciones, sometiendo a la exclusión y el despojo a nuestros pueblos. Las Dictaduras impuestas históricamente y los Gobiernos después de los años 85 únicamente han servido a la corrupción y la expoliación de nuestras tierras, territorio y la destrucción de los bienes naturales. Por ello en nuestros derechos a la resistencia, autonomía y autonomía como comunidades indígenas y campesinas; como pueblos resolvemos Instalar un Parlamento Popular, Indígena y Campesino con la participación de mujeres, juventudes, pueblos, comunidades para trabajar, discutir y debatir un nuevo modelo económico para nuestro país.

PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO, URGE LA JUSTICIA AGRARIA.

Q’umarkaj 20 de octubre del 2020.

Foto: CCDA. Leocadio Juracán, miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

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