Nuestra preocupación y solidaridad por lo acontecido a las 40 familias campesinas q’eqchi’s asentadas en la Finca Cubilgüitz, Alta Verapaz

Foto: CCDA

El Comité Campesino del Altiplano (CCDA), ante la implementación de acciones violentas por parte de sectores empresariales en contubernio con el Gobierno y el Pacto de Corruptos en contra de comunidades indígenas y campesinas producto de la problemática en el país,

Manifestamos:

Nuestra preocupación y solidaridad por lo acontecido a las 40 familias campesinas q’eqchi’s asentadas en la Finca Cubilgüitz, Alta Verapaz que en su momento los convirtieron en mozos colonos luego de estar al servicio de en dicha finca ahora fueron desalojadas por grupos armados al servicio de la familia Diesseldorff quienes son los que han promovido las acciones violentas en contra de las comunidades de la región esperando que el Ministerio Publico investigue y procese penalmente a dicha familia.

Es lamentable que en plena democracia no se le haya puesto atención a esta problemática agraria que se viene dando desde los tiempos del conflicto armado donde a través de la tierra arrasada el ejército y los terratenientes apoyados por el gobierno, exterminaban a las poblaciones asentadas cerca de las fincas y los hacían huir hacia las montañas. Con ese modelo de persecución y violencia legal, los campesinos y campesinas eran despojados de sus tierras.

Al final del conflicto durante el gobierno de Álvaro Arzú en 1996, con el fin de adaptarse a la legalidad y a la democracia, los terratenientes buscaron una reforma al Código Penal que básicamente contiene el encarcelamiento a líderes y lideresas de campesinos y campesinas bajo el sistema de acecharlos mediante la persecución penal y desalojarlos violentamente de sus territorios. Actualmente utilizan un nuevo modelo que consiste en armar pequeños grupos de paramilitares para desalojar a los comunitarios; entonces por un lado los encarcelan, por otro lado, los criminalizan, y por otro los desalojan.

Condenamos la permisividad con la que los finqueros actúan, por ello han financiado campañas electorales para que tuvieran control sobre el Registro General de la Propiedad para la inscripción anómala de varias tierras comunales de Pueblos Indígenas lo cual lo hemos demostrado a través de acciones legales.  Hoy vemos como Diputados, Alcaldes y Presidente al servicio de los propietarios de las palmeras, las hidroeléctricas, caña, hule, supuestos dueños de fincas en cooptaron las instituciones agrarias por eso se niega a resolver estos conflictos agrarios muestra de ello es la reciente desaparición de la Secretaria de Asuntos Agrarios.

Hacemos una llamado a las comunidades, al movimiento campesino a que consolidemos  nuestros proceso de articulación para hacerle frente a esta situación en la que finqueros que han despojado de sus tierras hoy arremeten con acciones de violencia asesinando a campesinos y campesinas, desalojando extrajudicialmente y generando violencia en contra de los verdaderos dueños de la tierra y el territorio.

Exigimos al Ministerio Publico investigar a estos grupos ilegales y a los que dicen se propietarios de las fincas es momento que la justicia caiga sobre quienes han asesinado para despojar de las tierras a campesinas y campesinos.

EN GUATEMALA CRECE Y SE FORTALECE UNA ESPERANZA.

CCDA, AGOSTO DE 2020.

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